Entre las múltiples lecturas relacionadas con el mercado editorial aparecidas este fin de semana en los medios (ver aparte) hay una que dejé separada para dedicarle un post exclusivo.
Se trata de una nota publicada en la sección de Cultura del diario La Voz del Interior de Córdoba donde se debate el proyecto de ley que crea un Instituto Nacional del Libro.
Ya la semana pasada apareció en Clarín una nota donde los libreros opinaban sobre el tema, pero aquí los consultados son el diputado Jorge Coscia (autor de la ley) y los representantes de la CAL, que está en contra del proyecto, y la CAP (que a primera vista parece estar a favor, pero que en realidad lo que dicen es que “Es injusto rechazar un proyecto sin sentarse a discutirlo” (cosa que imagino que la CAL también desea hacer).
Leyendo el texto de la ley quedan bastantes temas librados a la reglamentación posterior que obviamente generan dudas.
Lo que queda muy claro es que serán los propios lectores y la industria editorial (editores, distribuidores, libreros) los que terminen financiando este Instituto que entre sus objetivos nace para “Promover el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas editoriales y librerías” (Art. 1 de la ley), pero que si termina funcionando como el Instituto de Cine seguramente financiará los libros de Planeta, Santillana o Sudamericana.
La ley define muy claramente qué es un libro, pero no tanto qué es una editorial, una distribuidora y una librería (habla de comercios que vendan libros al por menor). De esta forma no se termina de saber si, por ejemplo, las distribuidoras de diarios y revistas también pagarán el impuesto y sobre todo si los kioscos, que cada vez tienen más libros de todo tipo, estarán incluídos.
Y en cuanto a la famosa exención del IVA que se propone como contraprestación, no es del todo cierta. Lo que dice la ley es que “Las empresas debidamente inscriptas en el INSTITUTO NACIONAL DEL LIBRO podrán imputar, como pago a cuenta de los impuestos a las ganancias y capitales, todos los pagos de IVA que realicen en la compra de insumos o costos directamente vinculados con la edición o comercialización del libro argentino”. La pregunta es qué pasa cuando NO HAY ganancias, cosa que puede llegar a ocurrir en el caso de las editoriales más pequeñas, con pocos títulos, de baja tirada.
Actualmente el proyecto de ley está en discusión en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación. Coscia prevé que hacia finales de octubre habrá una audiencia pública para debatirlo. Quizás (solo quizás) ese día se logren responder todas estas dudas.